Cumbre. Uñac estuvo acompañado del ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y la secretaria de Gobierno, Fabiola Aubone. Por el lado del macrismo, estuvieron los ministros Frigerio, Triaca y Stanley y otros funcionarios.

 

No fue una reunión más por el tema a tratar y por el contexto político. El gobernador Sergio Uñac mantuvo ayer una cumbre con tres pesos pesados del macrismo: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el de Trabajo, Jorge Triaca; y la de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Con ellos acordó una prórroga de, en principio, tres meses para los 13.600 planes sociales que la Nación tenía pensado darles de baja, informó el mandatario. Durante el plazo que se termine definiendo, los beneficiarios seguirán cobrando el programa, aunque habrá una revisión para establecer si los inscriptos siguen bajo la órbita de la cartera laboral, si pasan al ámbito del área social o si se les quita el régimen porque hayan encontrado trabajo.

El encuentro fue clave, por un lado, para encarar una solución a un problema social que se iba a desencadenar en la provincia, ya que poco más de 13 mil personas iban a dejar de percibir una ayuda económica de 1.850 pesos con la que pasan el día dado que compran alimentos y algunos medicamentos, entre otros insumos básicos. Y por otro, porque la reunión fue con tres alfiles políticos y de la gestión de Cambiemos, en un escenario en el que a priori parecía tenso entre la Nación y la gestión uñaquista. En el macrismo no ocultaban el malestar con el mandatario luego de que los diputados que le responden votaran en contra de la reforma jubilatoria. Inclusive segundas líneas del Ministerio del Interior y el legislador Eduardo Cáceres, líder del PRO local, le lanzaron dardos al referirse que estaba pensando más que nada en la interna peronista. El propio Gobernador había manifestado que quería creer que la postura local sobre los cambios jubilatorios no había afectado el vínculo con la Nación, en base a que Cambiemos viene manifestando que apunta a un país federal y sin miramientos políticos partidarios. Ayer, además de agradecerles la presencia a los tres ministros, aseguró que la cumbre “es una señal positiva, que es un escenario en el que nos hemos manejado durante dos años. Si ha habido alguna otra interpretación ha sido absolutamente excepcional. Nosotros siempre hemos apostado a la gobernabilidad y hemos manejado situaciones de absoluto respeto al Gobierno nacional, y viceversa también”.

El conflicto con los Planes de Entrenamiento para el Trabajo provocó que cientos de personas se manifestaran y cortaran las calles de las delegaciones locales de la Gerencia de Empleo y de Desarrollo Social de la Nación en enero. Inclusive, las organizaciones sociales que manejan los programas movilizaron gente a la Ciudad de Buenos Aires, ya que en las sedes locales de las carteras nacionales no encontraban respuestas. Desde las agrupaciones piqueteras aseguraban que los beneficios iban a ser dados de baja de manera paulatina, a partir de este mes, hasta llegar a su total extinción en abril. Inclusive trascendió que en la Gerencia de Empleo ya no se estaban recibiendo nuevos proyectos de entrenamiento laboral ni se hacían renovaciones, por lo que era un hecho su baja.

La semana que viene se terminará de definir el plazo de la prórroga de los planes sociales.

Sin embargo, Uñac consiguió aire, con la posibilidad de que muchos de los planes continúen. En ese marco, señaló que el acuerdo establece una prórroga por un plazo que se definirá la próxima semana, pero que lo tentativo es de tres meses. Dentro de ese período, los beneficiarios seguirán cobrando el régimen, pero se establecerá una revisión de cada uno de los 13.600 programas. Dicha tarea se llevará a cabo entre la Nación y la provincia, en la que se establecerá si los anotados pueden seguir bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, si pasan a la de Desarrollo Social o si no cumplen los requisitos asistenciales y son dados de baja finalmente. En ese marco, el macrismo viene poniendo el acento en el punteo de los planes para detectar posibles irregularidades (que el dinero no llegue a los beneficiarios, por ejemplo) y limar el poder de organizaciones piqueteras.