Dudas. Una de las obras clave para la administración local es el Túnel de Agua Negra. Creen que habrá problemas con el ente de financiación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si Vialidad Nacional pasa a ser una empresa privada.

 

Luego de que el macrismo creara la sociedad estatal Corredores Viales SA, que tendrá las mismas funciones que Vialidad Nacional, se encendieron las alarmas en el Ejecutivo provincial. Desde la gestión uñaquista hay preocupación porque entienden que puede tratarse de un mecanismo ideal para privatizar a la repartición vial, ya que abre la puerta a la participación privada. De ser así, calculan que esa situación traería problemas a la provincia, ya sea para mantener los convenios firmados con la entidad nacional para hacer obras viales, como el futuro Túnel de Agua Negra, ya que la inclusión de un privado dentro de la Ebitan podría generar conflictos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aporta el financiamiento de la obra. Ante ese panorama, el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, aprovecharán un viaje a Buenos Aires, previsto para el miércoles en el marco de gestiones locales, para dialogar con las autoridades nacionales y así despejar las dudas. Desde la dependencia nacional descartaron que la nueva sociedad tenga como finalidad la privatización, que la misma no traerá problemas para los trabajadores y tampoco para el túnel o para los emprendimientos que se están ejecutando.

La nueva sociedad está compuesta por el Ministerio de Transporte, con una participación accionaria mayoritaria, y por Vialidad Nacional. En su estatuto establece las mismas funciones que esta última pero con la posibilidad de participación de privados (Ver recuadro).

Con ese escenario, Uñac manifestó en rueda de prensa que “la situación es compleja y preocupa bastante”. Mientras que Ortiz Andino explicó que la problemática reside en que hoy “San Juan tiene una serie de convenios firmados con Vialidad Nacional, gracias a que se trata de una repartición del Estado. Los convenios permiten que nosotros paguemos obras y que la repartición nos reintegra los fondos en el futuro. Con una sociedad anónima, privada, no creo que podamos hacer esto”.

El funcionario fue más allá y sostuvo que “la situación es más complicada para el túnel porque si bien el financiamiento es externo, del BID, el dinero no se da a la Ebitan sino que se gira a ambos países a través de las Vialidades nacionales de cada país, porque ellas representan a los gobiernos. Con una empresa privada esto se complica”. Además, indicó que “esto es una herramienta que perfectamente puede ser usada para la privatización”.

Patricia Gutiérrez, gerente Regional Cuyo de Vialidad Nacional, habló con este medio y manifestó que “esta sociedad se ha tenido que generar para poder operar una concesión, como la de la avenida Richieri en provincia de Buenos Aires, que pertenecía a Cristóbal López. La única forma de operarla es con una sociedad anónima. Esto no tiene absolutamente nada que ver con Vialidad Nacional y una privatización, ni tampoco perjudica a los empleados”. El diputado macrista Eduardo Cáceres también se refirió al tema y declaró en sintonía con la funcionaria. Por otro lado, Gutiérrez fue dura con quienes hablan de privatización al decir que “lo que se dice es una falacia” y disparó contra el Sindicato de Trabajadores Viales al decir que “esto está operado por ellos. Hay una mala intención de querer confundir algo que está muy claro”.

Las obras viales son clave para la gestión uñaquista. Para este año, la deuda consolidada con Vialidad Nacional ascendía a los 1.100 millones de pesos, de los cuales, hasta el momento, se ha liquidado aproximadamente la mitad (Ver Aparte).

Deuda con la provincia
En el Gobierno dijeron que la deuda consolidada que Vialidad Nacional tiene con la provincia en 2017 fue de 1.100 millones de pesos. De ese total, ya se han cancelado cerca de 500 millones. La obligación se ha generado porque la gestión uñaquista ha puesto plata para que las obras sigan su ritmo, a cambio de que la repartición devuelva los fondos.

Inquietud de los trabajadores
Hoy a las 8, los trabajadores de la delegación local de Vialidad Nacional mantendrán una asamblea para discutir la problemática. La preocupación radica en que si la repartición se privatiza, los agentes estatales pasen al régimen privado y pierdan los beneficios adquiridos en el convenio colectivo de trabajo, en el que la estabilidad laboral es clave.

 

Características de la nueva sociedad

Se llama “Corredores Viales SA” y fue publicada el miércoles en el Boletín Oficial. La misma está integrada por el Ministerio de Transporte, con el 51 por ciento de la participación, y el resto por Vialidad Nacional.

La sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la construcción, mejora, reparación, remodelación financiación y administración, entre otros puntos, de rutas, autopistas, accesos y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional.

Además establece que puede realizar operaciones financieras y bancarias con instituciones de crédito oficiales o privados, del país o del exterior.

Según el decreto presidencial, se faculta a Vialidad Nacional para que, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, establezca con los gremios la transferencia de los mismos a la sociedad. Ese punto es el que reclaman los trabajadores y por el que entienden que pueden dejar de pertenecer al Estado.