¿Puede poner un precio al carbono ayudar a América Latina y el Caribe en su camino hacia un futuro de cero emisiones netas de carbono?

América Latina se ha convertido en un foco mundial de la pandemia, causando aflicciones sociales y económicas que se suman a los impactos de la crisis climática. Por ejemplo, se espera que esta temporada de huracanes golpee a las Américas con el doble de huracanes de Categoría 3 o mayor, en comparación a años típicos. Para fines de esta década, las olas de calor por sí solas podrían acabar con el equivalente a 2.5 millones de trabajos en la región, afectando primordialmente a trabajadores informales como vendedores ambulantes, agricultores y trabajadores de la construcción que no pueden trabajar si hace demasiado calor afuera.

Si bien la prioridad es poner fin a la crisis sanitaria, una pregunta fundamental es cómo los gobiernos pueden apoyar de la mejor manera una recuperación sostenible. No debemos aspirar a volver a la “vieja normalidad”. Los sistemas socioeconómicos y nuestra interacción con el medio ambiente en la vieja normalidad ocasionaron el cambio climático, enfermedades zoonóticas como COVID-19, y las desigualdades sociales que actualmente exacerban la vulnerabilidad a ambas calamidades. Una recuperación económica que atrape a las sociedades en un sendero de altas emisiones de carbono nos haría más vulnerables a los riesgos futuros del cambio climático, incluidas las crisis sanitarias. A su vez, haría más costoso revertir y reducir más adelante las emisiones.

El potencial para crear 15 millones de empleos netos en América Latina y el Caribe para el año 2030, en el camino hacia una economía de cero emisiones netas de carbono, es quizás una de las razones más atractivas para enfocarse en una “recuperación verde”. Descarbonizar, o llegar a cero emisiones netas de carbono, significa reducir a niveles cercanos a cero las emisiones de carbono de combustibles fósiles, deforestación, y procesos industriales; y compensar las emisiones restantes mediante la reforestación y restauración de otros ecosistemas con alto contenido de carbono. Los expertos coinciden en que una economía de cero emisiones netas de carbono es técnicamente factible, es necesaria para detener la crisis climática y, si se hace bien, puede traer beneficios económicos netos.

Para descarbonizar la generación de electricidad, todos los países pueden aprovechar la energía eléctrica renovable, ahora más barata que las alternativas de combustibles fósiles en casi todo el mundo. Pueden utilizar automóviles y autobuses eléctricos, estufas eléctricas, y otras tecnologías eléctricas para aprovechar al máximo una electricidad descarbonizada y reducir las emisiones en otros sectores como transporte aéreo. Además de ser más baratos de poseer con respecto a su vida útil, vale la pena promover vehículos eléctricos incluso solo en función de su impacto en la contaminación atmosférica local. Una planificación urbana orientada a reducir la necesidad de utilizar automóviles individuales a su vez reduce el costo prohibitivo del congestionamiento y los accidentes. Transformar las dietas hacia el consumo de más alimentos de origen vegetal, reducirá el terreno necesario para el pastoreo de ganado y el cultivo de alimentos para animales, propiciando una reversión de las tendencias actuales de deforestación. Esto ayudaría a preservar los tesoros únicos de la biodiversidad de la región y allanaría el camino para aumentar los ingresos del turismo verde en el futuro.

A pesar de los beneficios evidentes de la descarbonización, existen desafíos. Tanto a nivel mundial como en la región, los planes actuales en materia de cambio climático no alcanzan los niveles de reducción de emisiones que son necesarios para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C, y mucho menos por debajo de 1.5°C. Estos planes deberán actualizarse y alinearse con el objetivo de descarbonización. Las regulaciones y modelos de negocio actuales están a menudo sesgados a favor de las tecnologías existentes, y en contra de soluciones nuevas, innovadoras, de cero emisiones de carbono. Entre otras tantas acciones, los gobiernos deberán abordar retos como adaptar los mercados de electricidad para facilitar la integración de energía eléctrica renovable y actualizar las regulaciones de adquisición de autobuses para permitir la incorporación de autobuses eléctricos. Por último, los precios a veces envían una señal incorrecta: algunos países de la región aún gastan hasta el 10% de su presupuesto nacional en subsidiar combustibles fósiles, a pesar de su bien conocido peso sobre las finanzas públicas, el impacto regresivo en los consumidores, y el incentivo perverso de contaminación creada por tales subsidios.

Fijar un precio al carbono puede ser parte de la solución. Los precios al carbono pueden enviar una señal a las empresas y consumidores para que modifiquen sus patrones de producción y consumo. Además, poner un precio a la contaminación puede ser una fuente importante de ingresos públicos. En el año 2019, los gobiernos a nivel mundial recaudaron US $45 mil millones de esta manera. Los ingresos se pueden utilizar para apoyar la protección social u otros objetivos de desarrollo, mejorando las sinergias entre desarrollo y acción climática. Dado que el precio al carbono también puede aumentar los precios de los productos (como electricidad y gas), una parte de los ingresos se puede utilizar para abordar cualquier potencial impacto distributivo negativo, especialmente en personas y hogares de bajos ingresos.

México, Chile y Colombia utilizan un precio al carbono como parte de una estrategia más amplia para descarbonizar sus economías. A principios de este año, México lanzó su programa de prueba del sistema de comercio de emisiones (SCE), el primero de su tipo en América Latina, cubriendo inicialmente los sectores de energía e industria (alrededor del 40% de las emisiones nacionales). La Ley General de Cambio Climático de México, la cual fue reformada para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París, establece el mandato legal para este instrumento de política de mitigación. El programa de prueba del SCE tendrá una duración de tres años, lo que dará a los participantes tiempo para familiarizarse con el mercado del carbono, permitiendo a los reguladores probar su diseño general, y enviando a la economía un precio inicial al carbono.

En Chile, el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, actualmente bajo consideración en el Congreso, establece una meta de carbono-neutralidad para el año 2050 y delinea disposiciones para la generación de certificados de reducción de emisiones que podrían comercializarse y utilizarse para cumplir con estándares nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, en febrero, una reforma tributaria más amplia en Chile también resultó en cambios en el impuesto al carbono de Chile, que ahora cubre a más entidades en los sectores de energía eléctrica e industria, e introduce el uso de certificados de carbono como una opción de cumplimiento en el futuro. En Colombia, la Ley Nacional de Cambio Climático estableció un plazo de tres años para el desarrollo de un sistema de comercio de emisiones. Este operaría junto con el impuesto al carbono de Colombia y su programa de certificados de carbono, que han estado funcionando desde el año 2017.

Independientemente de los paquetes de políticas que se utilicen para llegar a cero emisiones netas, siempre habrá ganadores y perdedores. Será de suma importancia prestar especial atención a las comunidades de bajos ingresos y a los trabajadores de sectores intensivos en emisiones de carbono, ya que serán los más afectados por la transición a bajas emisiones de carbono. Por ejemplo, los trabajadores de minas de carbón y sus comunidades podrían necesitar apoyo financiero y programas de reentrenamiento a medida que las economías disminuyen su dependencia a los combustibles fósiles.  Como parte de la planificación de su estrategia de descarbonización, Costa RicaPerú y Chile han mantenido diálogos sociales y han hecho partícipes a las partes interesadas (incluyendo otros ministerios gubernamentales, la sociedad civil en general y el sector privado) para garantizar que el contexto político y local se refleje en el diseño de políticas. Seguir una agenda integral de desarrollo sostenible que busque sinergias entre los objetivos sociales y ambientales es fundamental para que las políticas climáticas sean social y políticamente viables.

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