LICENCIA SOCIAL – EL DIA DESPUES DEL INCIDENTE EN VELADERO

HASTA QUÉ PUNTO ES BUENO DEJAR LIBRADO EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS A LA LICENCIA SOCIAL

Por Andrea Polizzotto

Cuando se habla de derechos, siempre habrá diferentes valoraciones. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental. La íntima vinculación del medio ambiente con el nivel de vida en general, hace de este derecho una condición sine qua non del disfrute y ejercicio de los demás derechos. Nos encontramos, por lo tanto, ante un derecho humano emergente de primera magnitud. Así la Declaración de Derechos Humanos Emergentes reconoce en el artículo 3 este derecho:

“El derecho de todo ser humano y de los pueblos en que se integran a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones.”

En la actualidad, el reto del cambio climático es el mayor problema medioambiental que enfrenta la comunidad internacional. Este fenómeno, además de ser un reto medioambiental, es también un claro reto social y económico que afecta al disfrute de los derechos humanos en su totalidad. La interdependencia de los derechos humanos, como es el caso del derecho al medio ambiente y del derecho al desarrollo, es más que evidente cuando hablamos de la relación que se establece entre cambio climático y derechos humanos.

De ahí se puede inferir que, de dos derecho protegidos, e igualmente valorados como son el derecho al medio ambiente y el derecho al desarrollo, debe surgir un contrato social, donde se vean reflejados y protegidos los intereses y necesidades de cada parte, no podemos ver solo la posición del ambientalista o la posición del pro minero o industrial. Lo que hay que ver es el interés y necesidad detrás de la posición de cada uno, debiendo el estado intervenir a través de reglamentaciones, de presupuestos mínimos a los fines de lograr la paz social y que cada ciudadano dentro del ámbito social y geográfico donde le toca desarrollarse pueda hacerlo en plenitud de sus derechos y garantías, pero sobre todo tratando de acordar con cada comunidad, ayudarlos, educarlos, informarlos, y luego de contar con toda la información necesaria, ayudarlos a tomar la mejor decisión y evaluar cuál es la mejor alternativa al acuerdo negociado entre estado y comunidad, y poder actuar en consecuencia.

El estado no puede avasallar los derechos de una comunidad, pero tampoco puede dejar desvalida a la misma comunidad solo por satisfacer a unos pocos, el consenso y licencia social debe surgir de la comunidad toda, debidamente protegida e informada, con información cierta y veraz, que no sea tendenciosa.

Dentro de los derechos del hombre y del ciudadano en cada comunidad, se encuentra también el derecho al agua.

Sabemos que el agua es un bien escaso, y al mismo tiempo imprescindible para la vida de seres humanos y ecosistemas. La situación actual de este recurso es muy preocupante: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Por ello, y debido a la importancia que tiene el agua potable para los seres humanos, es vital el reconocimiento y garantía del derecho humano a disponer de agua potable.

La Declaración de Derechos Humanos Emergentes reconoce el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento cuando afirma que todos los seres humanos y todas las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad.

Así en el Título I.  Se refiere al Derecho a la democracia igualitaria, y en su Artículo 1 al Derecho a la existencia en condiciones de dignidad. Todos los seres humanos y las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad.

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:

  • El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas.

El derecho humano al agua y al saneamiento se puede tratar desde diversos ángulos, todos ellos necesarios y complementarios. Por un lado, resulta esencial el reconocimiento por parte del derecho internacional del derecho a disponer de agua potable como un derecho humano, y por otro, aspectos como el proceso de mercantilización del agua o la cuestión de la gestión pública con participación y control social, son debates muy vivos a nivel social y que deben también trasladarse a las administraciones públicas.

Pero cuando hablamos del agua hablamos también de procesos, de energía y la industria en todas sus formas está presente, de ahí que no podemos garantizar un derecho sin dejar de priorizar otros que ayudan a su garantía como es el derecho al desarrollo.

Y la minería con actividad productiva, usa en sus procesos, también el agua, pero sin minería no podríamos obtener un sinfín de elementos que también son vitales para el hombre.

Es por ello que cuando hablamos de medio ambiente, del agua y de la minería no debemos olvidar que todos son importantes en menor o mayor medida para lograr el bienestar y desarrollo del hombre en comunidad.

Pero el estado debe, en todo momento intervenir regulando, protegiendo  e incentivando, y también apoyando la producción y el desarrollo, y el desarrollo, con cuidado del medioambiente y  responsabilidad social, con el medio en el cual se desarrolla.

Un estado ausente o desinteresado, tampoco sirve, y no sería estado de derecho ya que la propia Constitución Nacional, en su  Artículo 124, establece que: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Y junto a este artículo está el Artículo 41 CN que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley…»

En todos los artículos referidos a los recursos naturales y medio ambiente, existe la obligación por parte de las autoridades de legislar al respecto y hacer cumplir la ley.

Cuando hablamos de licencia social, no debemos ser facilistas, el estado se debe involucrar, buscar consenso y acuerdos comunitarios, es más fácil decir que se arreglen solos.

El estado debe intervenir positiva y activamente en un trabajo conjunto y acordado con cada una de las comunidades en que ambos derechos constitucionales, de un ambiente sano y equilibrado y derecho al desarrollo, se encuentren en pugna, a los fines de poner luz y llevar la paz social a cada rincón de la nación.-

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