Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.

Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. “Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia”, afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.

Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.

Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.

La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: “Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley”. Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado “podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar”.

Informe

Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros “cercanos” a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.

Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que “la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico” y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.

Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque “se hace referencia a un cuidado preventivo”, y destacó que esa prevención “ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera”. El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que “la ley puede ser mejorada” y señaló que tiene definiciones que “permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo”.

Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: “Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración”.

Consecuencias

Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares “implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos”, y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.

“En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares”, advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: “Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos”.

Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.

El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.