las Bambas: las claves detrás del conflicto

El reciente suceso violento en torno a Las Bambas va más allá del uso de una carretera local.

De acuerdo a versiones de medios locales, los comuneros tomaron la carretera que usa la empresa minera MMG —principal accionista y operador del proyecto— para transportar minerales e hicieron zanjas en la vía. Cuando agentes de la PNP intentaron desplegar la zona, se produjo el enfrentamiento que dejó un comunero fallecido.

La operación fue decidida por la policía local, sin autoridad del director de operaciones de la Policía Nacional, de acuerdo al ministro del Interior, Carlos Basombrío. La consigna del gobierno era no intervenir, según Basombrío, pues se estaba llevando a cabo una negociación entre estas cuatro comunidades y MMG para acordar una compensación de las comunidades por el uso de la carretera de parte de la empresa. Las comunidades afirman que la carretera es suya,a pesar de que ésta fue designada como vía nacional por el Ministerio de Transportes (MTC).

CONFUSIONES POR LA CARRETERA
Originalmente, la carretera en disputa fue hecha por las cuatro comunidades antes mencionadas, y no era considerada dentro de las vías nacionales. Sin embargo, tras un pedido de la Municipalidad Provincial de Cotabambas en el 2014, el MTC incorporó la carretera dentro del sistema nacional. En un comunicado, MMG señaló que la vía fue incorporada como vía vecinal al Sistema Nacional de Carreteras en julio de este año, luego de que la Municipalidad Provincial de Cotabambas se lo solicitara al Ministerio de Transportes en el 2014. Este proceso tomó 20 meses.

“Una vez que la vía se convierte parte del sistema nacional, MMG decide que es competencia del Estado y decide ya no pagarle una compensación que tenía establecida con las comunidades por su uso. Sin embargo, las comunidades consideran que la carretera sigue siendo suya”, sostiene una fuente de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Las comunidades reclaman que se le siga pagando una compensación por el uso de la carretera.

El problema se agravó luego de que el gobierno regional de Apurímac emitiera un comunicado afirmando que la carretera en disputa no era una vía nacional sino que competía al gobierno local, según la misma fuente. “Las comunidades sintieron que les estaban mintiendo y bloquearon la carretera, pero luego el gobierno regional sostuvo que se había equivocado, añadiendo a la confusión”, indica.

LOS CAMBIOS AL PROYECTO
La polémica sobre la carretera conflicto se suma a otro conflicto respecto entre la empresa y las comunidades, y que estalló por primera vez en setiembre del 2015 con un enfrentamiento entre la población y la policía. El conflicto se debió a cambios realizados en el diseño proyecto tras la venta del proyecto a un consorcio chino liderado por MMG.

El dueño anterior –la minera Glencore– opera la mina Antapaccay a 200km, en Tintaya, Cusco, y buscó cercanías entre ambas minas. Así, el diseño original de Las Bambas –aprobado en su EIA en el 2011– concibió un mineroducto que trasladara mineral desde Las Bambas hasta la operación de Antapaccay, donde continuaría el procesamiento del mineral en una planta de molibdeno –uno de los metales producidos por la operación–. Desde ahí, el cobre y el molibdeno se transportarían vía camiones o ferrocarril hasta el puerto de Matarani (en la costa de Arequipa) para ser exportados.

La compra de Las Bambas por el consorcio liderado por MMG, implicó que este proyecto y Antapaccay ya no pertenecerían a la misma empresa (Antapaccay se mantuvo en manos de Glencore). “Al independizarse empresarialmente Las Bambas de Antapaccay, se vio por conveniente postergar la construcción del mineroducto, toda vez que las sinergias entre una y otra operación no eran sostenibles”, señaló MMG en una respuesta escrita a SEMANAeconómica. Por ello, se canceló la construcción del mineroducto y se decidió construir una planta de molibdeno cerca al proyecto Las Bambas (Fuerabamba), pues ya no se utilizaría la planta de Antapaccay.

De acuerdo a los protestantes, estos cambios no fueron consultados, y algunos han demandado retornar al diseño anterior. Los cambios al EIA que realizó MMG fueron considerados no significativos, por lo que estuvieron exentas de pasar por un proceso de participación ciudadana, aunque sí fueron comunicados a las autoridades locales. Según MMG, “la modificación del EIA se llevó a cabo con estricto respeto a los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades y otras entidades respetando los requerimientos legales aplicables. El Ministerio de Energía y Minas informó oportunamente a las autoridades provinciales de Cotabambas y Grau, y a las autoridades distritales de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba”.

INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO
Tras los sucesos violentos del 2015, el gobierno estableció tres mesas de diálogo: una para la provincia de Grau, una para la provincia de Cotabambas y una para el distrito de Challhuahuacho. Sin embargo, varios de los acuerdos pactados con estas comunidades en las mesas no se están cumpliendo con la rapidez que la población quisiera, de acuerdo a diversas autoridades

“Hay que darle un ritmo mas acelerado al cumplimiento de los acuerdos. El Estado comprometió aproximadamente S./1,400 millones de soles para los acuerdos producto del diálogo en Las Bambas. Si el nivel de ejecución no avanza más rápido, es algo que debería tomarse como prioridad”, sostuvo Patricia Balbuena, ex viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, en julio de este año en una entrevista con SEMANAeconómica.

“En el caso de Challhuahuacho los acuerdos no se han cumplido en su totalidad, y se han postergado varias veces las reuniones para la mesa de Cotabambas. Es un tema muy delicado”, coincidió Rolando Luque, jefe de la ONDS y ex adjunto de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.

Algunos acuerdos aún no implementados son la construcción del sistema de agua y desagua en Challhuahuacho y Cotabambas, la construcción de una comisaria policial y el equipamiento de un hospital local, de acuerdo a José Luis López Follegatti, analista de conflictos sociales.

En una entrevista con SEMANAeconómica antes del cambio de gobierno, el entonces jefe de la ONDS, José Ávila, sostuvo que entre el 2012 y el 2013 la ONDS, bajo la gestión de Vladimiro Huaroc, presentó una propuesta para implementar un fondo de desarrollo económico que financiara y ejecutara directamente las obras de inversión pública prometidas en los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo. “Así estas obras no se manejarían a través de ministerios, que tienen sus propias agendas y prioridades y no necesariamente están pensando en estas comunidades alejadas”, indicó. Ávila sostuvo que la propuesta fue evaluada en su momento pero que no fue considerada necesaria. “Este es un tema que tiene que evaluar la nueva administración”, señaló.

De acuerdo a Ávila, el nuevo gobierno debe prestarle especial atención al corredor minero de la zona sur del país debido a la cantidad de proyectos mineros que utilizaban una única carretera para transportar el mineral que extraen, hacia el puerto de Matarani, en Arequipa.

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