La baja de Ley de PPP pone en duda hasta u$s 40.000 millones para obra pública

Esa es la cifra que el Ejecutivo estimó conseguir con la Ley. Ahora se deberán esperar los cambios. Los privados dicen que afectará la reactivación del sector

por  DAVID CAYÓN

La obra pública iba a ser de los más beneficiados del proyecto de PPP

Perplejidad, enojo y desconfianza. Esos fueron algunos de los calificativos que surgieron del sector privado ayer por la tarde mientras se iban enterando de que el Gobierno no había logrado imponer su voluntad en la Cámara de Diputados y el proyecto de Participación Público Privada (PPP) volvía a las comisiones.

«¿Cómo fue que pasó esto?, es fundamental para nosotros que salga la ley», explicaba un hombre fuerte de la industria y miembro de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). «¿Ahora vuelve todo para atrás, a discutir todos los artículos?», preguntaba incrédulo.

En el mundo de las grandes constructoras que hoy se presentan como pilares de la reactivación de la mano de la obra pública la ley de PPP es «fundamental».

«La ley es necesaria porque actualiza la vieja ley de concesiones. Además, se utilizó para hacer innumerables obras en todo el mundo y permite la gestión y financiación privada sobre obras de infraestructura. El país no puede no contar con una buena ley en ese sentido para dar seguridad jurídica a las inversiones», agregó una segunda voz de Camarco.

Los hombres de negocios sienten una especie de desilusión con el resultado, ya que no hace mucho los principales funcionarios relacionados a la obra pública – el ministro de Interior Rogelio Frigerio, el de Transporte Guillermo Dietrich, el de Energía, Juan José Aranguren, y el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín– pasaron por el encuentro anual de Camarco asegurando a quien quisiera escuchar que se «preparen» para el momento en que la norma salga.

La intención del gobierno nacional es que con la ley de PPP se pudieran captar entre u$s 30.000 y u$S 40.000 millones de inversiones privadas para ser utilizadas en grandes obras de infraestructura. Por lo menos ese era el número que había anticipado Horacio Reyser, el asesor presidencial para Inversiones Extranjeras y hombre elegido por Macri para que explique los beneficios de la fallida ley.

Para obtener esa cantidad de fondos y propiciar que arriben al país los fondos que se necesitan para la envergadura de la empresa que se acomete, la norma buscó brindar las garantías que otorgan cobertura suficiente al sector privado frente a posibles riesgos. Con esa idea el Ejecutivo mandó un proyecto de ley que aseguraba a los inversiones la posibilidad de llevar al Estado argentino a los a juzgados internacionales frente a un incumplimiento.

Otro punto y que se había acordado cambiar, es que no había ninguna cláusula de Compre Nacional.
Ahora los legisladores de la oposición buscarán imponer la mayor cantidad de cambios lo que hace que el sector privado retraiga la toma de decisiones a la espera de ver qué sucede. «Los empresarios van a entrar de nuevo en el wait and see».

Funcionarios del Ministerio de Interior estaban anoche reunidos con los legisladores del oficialismo para sopesar la derrota y las opciones a seguir.

Por lo pronto, los constructores apelaron a su versión democrática para explicar que «nos debemos acostumbrar, las leyes se discuten para que tengan validez. Esperemos que se zanjen las diferencias».

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