Inauguración. El edificio de Flagrancia fue inaugurado por el gobernador Uñac, el titular de la Cámara, Marcelo Lima, y autoridades de la Corte y Fiscalía. 

Si bien estaba previsto que el procedimiento de Flagrancia comenzara el 1 de agosto, la fecha se corrió al 10. ¿Por qué? Es que desde el Gobierno y el Poder Judicial decidieron incorporarle unas modificaciones a la ley que regula el sistema de enjuiciamiento exprés para delincuentes  atrapados in fraganti. Los cambios deberán ser tratados en la sesión de la Cámara de Diputados del 3 del mes que viene y se espera que el Ejecutivo promulgue la norma una semana después.

El dato se conoció ayer durante la inauguración del edificio de Flagrancia, el cual está ubicado en calle Haití antes de Aberastain, en Capital.

Según revelaron las autoridades, la ley establece que si el juez le fija la prisión preventiva a un detenido, dicha decisión no es apelable. Para evitar algún planteo de inconstitucionalidad, en la norma se incorporará que dicha apelación se puede realizar ante otro magistrado de Flagrancia, que no tenga intervención en el caso, salvo en ese planteo. El otro punto que se agregará es que los jueces, a la hora de definir la prisión preventiva de un sospechoso, podrán valorar como punto negativo la cantidad de ingresos a la Policía.

El mecanismo apunta a ser un cambio profundo en el sistema penal, ya que en un lapso máximo de 10 días hábiles, desde la detención de una persona, se dictará sentencia. En la actualidad, las víctimas que sufren delito, por ejemplo, un arrebato, tienen que esperar dos o tres años para que se juzgue y castigue a los responsables o, en el peor de los casos y como pasa habitualmente, que la causa quede en la nada. Eso sí, los sospechosos tienen que ser detenidos cometiendo el hecho o a pocos minutos de haberlo efectuado. Y los delitos que se contemplan son los hurtos simple y agravados, los robos simples y algunos agravados, como un atraco cometido con un arma blanca, por ejemplo. El procedimiento también apunta a que los sujetos que viven cometiendo ilícitos reciban condenas y no tengan causas abiertas sin resolución. Es decir, el viejo lema de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra.

El procedimiento fue una gran apuesta de la gestión uñaquista dentro de su política de seguridad.