Test. El sábado se llevó a cabo un ensayo de juicio popular con el caso de una mujer que mató a su marido. Luego de vaivenes, el jurado no alcanzó la mayoría para condenar a la acusada, por lo que fue declarada «no culpable».

Si bien la Corte de Justicia ya había planteado, en un proyecto de ley, la postergación de la puesta en práctica del juicio popular, se suman señales de que tendrá un largo letargo. El presidente del máximo tribunal, Guillermo De Sanctis, aseguró ayer que su implementación «no es prioridad», ya que resaltó que lo importante es poner a rodar y que funcione aceitadamente el sistema acusatorio con la investigación en manos de los fiscales y no de los jueces. El fiscal General, Eduardo Quattropani, había lanzado duras críticas al mecanismo, como que no logra una justicia eficaz, rápida y que resuelva conflictos, además de catalogarlo como una «petulancia intelectual de ciertos sectores del derecho». Tras las definiciones de ambos referentes judiciales, en el Ejecutivo prefirieron no opinar, aunque sí reconocieron que las declaraciones llamaron la atención.

Es que una comisión de jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno trabajaron en la redacción del nuevo Código Procesal Penal, el cual contempla el juicio por jurado. Para la puesta en marcha de todo el sistema, desde la Corte y la Fiscalía General vienen trabajando en el proyecto de ley de implementación y en abril salió a la luz que se planteará la suspensión del juicio popular, sin fecha de inicio. Las críticas al procedimiento surgieron luego de que el máximo tribunal fuera uno de los organizadores de un simulacro de juicio popular en el marco de la edición número 30 del Congreso Nacional de Derecho Procesal.

El más duro fue Quattropani, aunque manifestó que «no soy enemigo del sistema, sólo digo que el Estado debe ocuparse de resolver la mayor cantidad de conflictos. Una vez logrado eso, se estará en condiciones de implantar mecanismos como el juicio por jurado».

De Sanctis dijo que si el Código no se aplica este año, será en el primer cuatrimestre de 2020.

Por su parte, De Sanctis resaltó que «se va a implementar», que la suspensión «no se va a eternizar», pero destacó que «no es lo más importante, ni por asomo del nuevo Código Procesal Penal. Es un instituto jurídico exótico para la cultura jurídica y social argentina, atractivo, marketinero. Lo más importante es el cambio de paradigma, que la investigación va a ser ejercida por los fiscales». En ese marco, remarcó que el sistema acusatorio «lleva mucha infraestructura y recurso humano, por lo que lleva tiempo».

Además, el presidente de la Corte indicó que el juicio por jurado «no deja de ser un mandato constitucional», dado que ya estaba contemplado en la Constitución de 1853. Y que «está en el nuevo Código Procesal Penal» y «que debemos hacerlo realidad». Pero señaló que el juicio popular demanda una infraestructura especial y «mucha conciencia social». Sobre su postergación y la realización de un simulacro, De Sanctis remarcó que «fue muy bueno y que la Corte va a hacer muchos más, porque hay que concientizar mucho al pueblo. Como no es un instituto jurídico familiar para la sociedad, se le tiene que meter en la piel a la gente cuál va a ser su deber cuando tenga que ser jurado, porque no es fácil». De acuerdo al proyecto, en San Juan la participación ciudadana es obligatoria, tras un sorteo que se haga en base al padrón electoral, en el que un jurado de 12 personas (dividido entre hombres y mujeres en cantidades iguales) deberán decidir la culpabilidad o inocencia de un sospechoso de delitos graves, como homicidios, abusos sexuales seguidos de muerte o robos que terminaron con un asesinato. «Va a ser un deber cívico y tenemos que hacer gimnasia con el pueblo al crear conciencia», destacó.