CONTENIDO DEL ACUERDO FEDERAL MINERO ARGENTINO

El documento consta de cinco capítulos que abordan Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental Minera, Aspectos Económicos y Tributarios y Cuestiones Institucionales y Normativas.

Potenciar el desarrollo del sector minero y atraer nuevas inversiones en Argentina. Eso es lo que busca el nuevo Acuerdo Federal Minero que se firmó este martes en la Casa Rosada y que apunta a reemplazar la normativa vigente desde 1993.

El documento consta de cinco capítulos que abordan Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental Minera, Aspectos Económicos y Tributarios y Cuestiones Institucionales y Normativas.

Bajo estos conceptos se establecen criterios generales en torno a las regalías. Por ejemplo, las industrias extractivas pagarán hasta un tope de 3% sobre el valor bruto (de venta) del mineral en boca de mina. Además, se destinará el 1,5% adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura, para financiar, por caso, obras de control ambiental y de aguas.

Es decir, el máximo a pagar por quienes inviertan en las provincias será del 4,5% de lo que facturen. Se eliminó el aporte de 1% a cargo de las grandes empresas mineras, que estaba pensado para financiar obras de desarrollo a nivel local.

Queda a criterio de cada provincia la posibilidad de promover la “actividad minera y la producción de minerales, según la modalidad que considere más adecuada”. Así, por ejemplo, Mendoza podrá mantener su prohibición a la minería a cielo abierto.

También establece la creación de organismo a cargo de realizar un catastro minero y un digesto sectorial que reúna todas las normativas Nación-Provincias que regulan la actividad.

En tanto, las concesiones duran mientras haya mineral y se preservarán las condiciones fiscales, por períodos de 30 años, según indica la Ley de Inversiones Mineras.

Sobre las medidas medioambientales, el acuerdo señala que en caso de producirse tres faltas graves en materia de incumplimientos, la mina será cerrada y la empresa perderá inmediatamente el derecho a la propiedad del yacimiento en explotación.

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