La Intervención de SOMICA Cerro Atajo, un símbolo de la minería La intervención de SOMICA

A lo largo de sus años de existencia, se publicaron cosas buenas y reprochables del gobierno. Del actual y el anterior.

En el peor de los casos, sin censura previa, cedió valiosos espacios para las voces opositoras o críticas, las que generalmente partieron de la Legislatura provincial. Ni que hablar si las invectivas, que no fueron pocas, vinieran de voces ciudadanas.

En 2015, uno de los temas recurrentes giró alrededor de la minería. Declinante por los tramos finales de la explotación del Bajo la Alumbrera, dudosa por los conflictos de Agua Rica con las Justicias provincial y nacional e incierta por los proyectos que se lanzaban desde Casa de Gobierno.

Esto es, control estricto de las regalías –el impuesto que pagan las empresas y que se distribuye entre todos los departamentos-, puesta en marcha de Bajo El Durazno y, especialmente, lanzamiento de la exploración de Cerro Atajo, el área minera que, aparte de tener una larga historia de corrupción, estuvo a punto de ser rapiñada por privados cuando en realidad forma parte, por suerte, del patrimonio provincial.

El expediente Atajo y el de las regalías, a ojos vistos, fueron aciertos del gobierno que, tras el paso del tiempo, le permitió a Lucía Corpacci dibujar una sonrisa de satisfacción en la Expo Productiva que finalizó el pasado lunes.

Rodeada de expertos en geología: autoridades mineras; intendentes como Raúl Jalil (Capital) y Daniel “Telchi” Ríos (Belén) o los ministros Raúl Chico (Producción-Catamarca) o Ricardo Buryaile (Agroindustria-Nación); más el director de YMAD, Ángel Mercado, la gobernadora levantó como trofeo para la posteridad un testigo de las perforaciones –se trata de una piedra extraída del promisorio suelo “atajense”- que se realizan para comprobar la existencia de minerales como oro o cobre.

Más allá de los resultados, que se presumen auspiciosos por tratarse de un enclave rico en minerales –está pegado a Capillitas, en las montañas que separan Andalgalá de Santa María-, el hecho tiene importancia trascendental y representa un hito histórico, toda vez que ya es realidad la inversión de la contratista y la mano de obra enteramente catamarqueña cubre las necesidades iniciales.

Y, por cuerda aparte, porque termina el tiempo de corruptelas que, por muy poco, no despoja a la provincia del área minera.

31 años de controversias…y algo más

Los habitantes de Icaño o Las Cañas, de las laderas ambateñas, de las extensiones capayenses, de las alturas antofagasteñas o de los barrios periféricos de la Capital, posiblemente, desconozcan la historia tremebunda de Cerro Atajo, la que duplica o triplica la importancia de su explotación con eventuales beneficios reales para todos los catamarqueños y no para los pícaros que, con apoyo oficial, prácticamente ultimaron Minas Capillitas.

Se trata de una historia larga, sinuosa y con altos niveles de corrupción que ningún medio de comunicación recuerda o quiere recordar. En medio de ella hay 17 minas que conforman el área a explotar.

En 1986 se creó una Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta para que, en acuerdo con Fabricaciones Militares, explotara Minas Capillitas. Hacía nacía la SOMICA DEM. El Estado, para quedarse con el 51% de las acciones, aportó Cerro Atajo. El 49% de las acciones privadas fueron para Víctor Contreras SA-Minera Andina SA.

A partir de allí se sucedieron las irregularidades. Los privados transfirieron acciones cuando no podían hacerlo y, en su lugar, se dedicaron pura y exclusivamente a sacar y vender la piedra semipreciosa. A las minas de Cerro Atajo (La Grande, María Eugenia, Nuevo Triunfo, Eduardo, Carmen, etc) ni las tocaron, lo que derivó en situaciones políticas conflictivas.

En el año 1997, por ejemplo, el exgobernador Arnoldo Castillo procedió a la disolución de SOMICA y, años más tarde, Eduardo Brizuela del Moral ordena su reactivación, medida con la que permite que los sectores privados de SOMICA cumplan con el excluyente objetivo de seguir sacando ventajas, sin rendición de cuenta alguna, la rodocrosita. Mucho menos controles.

Como el decreto firmado por Castillo, ratificado por la Corte de Justicia, ordenaba la disolución de la empresa, la Minera Agua Rica inició la demanda de posesión como si recién hubiera descubierto el yacimiento que, lo reiteramos, pertenecía desde hacía largos años al patrimonio de la provincia.

En todo este tiempo, en medio de la flagrante contradicción entre un gobernador (Castillo) que, en defensa de la provincia, ordenaba la disolución de una empresa que generaba pérdidas sostenidas y otro (Brizuela del Moral) que la rehabilitaba para que los accionistas privados se llevaran la mejor rodocrosita o no hicieran ni la mínima exploración en Cerro Atajo, se sucedieran irregularidades por doquier, contempladas indolentemente por el actual candidato a diputado nacional.

Se llegó al extremo de que, por tratarse de “inversionistas privados”, no había obligación de rendir cuentas de las ventas de rodocrosita. Todo este mamarracho, increíblemente, se llevaba a cabo sin considerar que la empresa no tenía existencia legal.

Recordemos que había sido disuelta por Castillo padre con ratificación de la Corte de Justicia que, ante el incumplimiento, debió pedir la ejecución de la sentencia al Juzgado de Minas. Pero aun funcionando de esta manera, la SOMICA no fue amonestada por el gobierno que tenía, para sí, la mayoría accionaria, a la cual no utilizaba ni para impedir el latrocinio,

 

La intervención de SOMICA

Con la llegada al gobierno de Corpacci, por suerte, el antro de corrupción que fue SOMICA tuvo un freno impetuoso, aunque no impidió el litigio judicial.

La gobernadora, a poco de asumir, dispuso la intervención de una empresa que, aparte de saqueada, no tenía existencia legal, en tanto y cuanto nunca fue quebrado el decreto de disolución firmado por Arnoldo Castillo e, irresponsablemente, ignorado por Brizuela del Moral.

De esta forma se retomó la posesión de Cerro Atajo, pero, paralelamente, hubo que discutir en la Justicia la presentación de Agua Rica que, por el mismo decreto de disolución castillista del año 1997, reclamó aquella posesión para sus dominios.

Antes que surgiera un fallo que, indefectiblemente, iba a ser favorecer a la provincia como legítimo dueño, vía negociación, se llegó al acuerdo que clarifica una oscuridad de más de tres décadas.

Tanto CAMYEN (Catamarca Minera y Energética) como Agua Rica, que vendió sus derechos a Yamana, renunciaron al pleito judicial y avanzaron hacia una situación favorable a las partes y que no es otra que iniciar la exploración y posterior explotación de los yacimientos.

Atrás quedaron la corrupción, la irresponsabilidad y la indefensión absoluta de la provincia. El testigo de Cerro Atajo que, el lunes pasado, levantó la gobernadora, es mucho más que una anécdota.

Es la ratificación del rumbo minero que, a pesar de críticas mal intencionadas y piedras en el camino de todo tamaño, asegura que Catamarca tendrá desarrollo económico a través de una minería sustentable y controlada con mano firme por el Estado.

De hecho, el contrato con la multinacional asegura para el futuro, que posiblemente usufrutuen otros gobiernos, regalías y cobro de utilidades, algo impensado antes de la intervención a la nefasta SOMICA.