En 1958 se instituyó el 29 de agosto como el «Día del Abogado», en homenaje a un insigne personaje de la historia nacional: el tucumano Juan Bautista Alberdi, nacido en aquel día, pero de 1810, año emblemático y crucial en el que se produjo la Revolución de Mayo. Alberdi está asociado a la Constitución Nacional sancionada el 1 de mayo de 1853. Sus aportes fueron trascendentes para la configuración institucional de nuestro país, sobre todo, las «Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina».

La profesión de abogado es muy noble. De hecho, la Constitución local establece en su art. 218 que «la abogacía es una función pública no estatal, auxiliar del Poder Judicial» y que la totalidad de los letrados inscriptos conforma el Foro de Abogados, entidad que – entre otras cometidos – tiene el control de la matrícula y ejerce atribuciones disciplinarias sobre quienes ejercen la profesión

Por supuesto que en la abogacía hay personas que pueden incurrir en conductas dudosas o reñidas con la ley. Pero ello en modo alguno empaña una ocupación tan digna e importante.

Frente a irregularidades es preciso que actúen los órganos de disciplina de los foros o colegios de abogados para analizar si se transgredieron deberes y principios de la profesión o, en su caso, la justicia penal para investigar posibles delitos.

En San Juan, la abogacía nutre a órganos relevantes para el régimen democrático y republicano y el Estado de Derecho. Por ejemplo, el sistema de justicia: jueces, fiscales, defensores y asesores, obviamente son abogados; el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento cuentan cada uno con dos letrados en sus filas; el titular de la Fiscalía de Estado debe ser profesional del Derecho, como también el presidente y el vicepresidente del Tribunal de Cuentas y el propio Defensor del Pueblo. Es de resaltar la labor de los litigantes, mediadores, asesores letrados de la administración pública y de otros sectores del Estado. Abogados de organizaciones no gubernamentales, asesores de gremios y sindicatos, profesores e investigadores en ciencias jurídicas, entre muchos otros; todos los cuales son piezas importantes del engranaje institucional.

Desde el plano del «deber ser», ejercer la abogacía (en cualquiera de sus vertientes o espacios de incumbencia) es sinónimo de seriedad, compromiso, respeto por el secreto profesional y responsabilidad individual, pública y social; es ejercicio activo de valores loables, ya que la ética profesional no es negociable. Imposible es pasar por alto que la libertad, los derechos, la dignidad, la honra y, entre otras cosas, el patrimonio de las personas, están en sus manos.

Las Facultades de Derecho también tienen una labor muy importante que cumplir. Deben educar en valores democráticos, republicanos, éticos y de respeto por la Constitución y los derechos humanos. No les basta con formar profesionales del Derecho; están obligados a formar personas de bien.

En épocas de crisis de valores, es preciso insistir en mensajes claros desde los espacios educativos, la familia, la sociedad y el Estado. Esto con el objetivo de robustecer la cultura de la legalidad y elevar la calidad institucional.

Así, este «Día del Abogado», debe servir para reflexionar, internalizar que existe un nuevo paradigma del Derecho que impone romper prejuicios y viejas estructuras. Dejar atrás intereses sectoriales, buscar la verdad y la justicia, solidarizarse con los excluidos y más débiles, incrementar la sensibilidad social y pensar que siempre es tiempo de mejorar.

Víctor Bazán, Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional UCCuyo y de Posgrado UBA.